Representantes del tercer sector reclaman una política pública integral para atender la pobreza infantil y otros problemas sociales que trastocan la vida de los niños.
Invertir en los niños como una de las poblaciones más vulnerables en la Isla no debería ser únicamente un proyecto a largo plazo como proyecta la administración Rosselló en el nuevo Código de Incentivos, que crea cuentas de ahorro con un depósito inicial de $1,000 para los estudiantes que entren a kínder en las escuelas públicas, opinó el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud, Marcos Santana Andújar.
En entrevista con EL VOCERO, Santana Andújar comentó que hay muchos problemas sociales que impactan a la niñez —como la violencia y la pobreza— y que requieren de acción inmediata de parte del gobierno. No obstante, estableció que el referido mecanismo de ahorro para los estudiantes le genera “más preguntas que otra cosa”.
Santana Andújar planteó dudas sobre cómo operaría el plan de ahorro en el caso de los niños y niñas que han sido removidos de sus hogares. “Creo que la juventud y la niñez agradecería que, en lugar de ahorrar dinero en una cuenta, se invierta ahora en la educación, en la salud y en proyectos de prevención de violencia porque nuestro país está sufriendo una ola de violencia contra la niñez impresionante”, señaló.
Cuestionó, además, de dónde va a salir el dinero, cuál será el procedimiento para seleccionar los niños y jóvenes y eventualmente cuál será el procedimiento para que lo reclamen. También si existirá alguna guía de utilización “porque si queremos acompañar a los jóvenes, vamos a ayudarlos en la educación, pero yo insisto en que eso es prioritario”.
Reclama política pública integral
Santana Andújar agregó que “parecería ser un buen incentivo para que los jóvenes no se nos desconecten de la escuela, pero para eso hay que hacer muchas otras cosas. Por ejemplo, equipar sus salones y atemperar los currículos a la realidad del mundo globalizado en que vivimos. Así que me vienen a la mente muchas preguntas”.
El líder de la entidad en favor de la niñez también reclamó que la Legislatura promueva una política pública integral que atienda el tema de la pobreza infantil. De acuerdo con datos del Instituto para el Desarrollo de la Juventud (IDJ), el 58% de la niñez en la Isla vive en condiciones de pobreza.
“El 58% de nuestros niños vive en pobreza y más allá de acumularle unos $1,000 —que esto es como poner un pequeño parcho—, hay que establecer una política pública que vaya dirigida a mitigar la pobreza infantil”, expresó.
Recientemente, el IDJ realizó un estudio que identifica los fuertes recortes a las partidas presupuestarias que el gobierno de Puerto Rico asigna a la niñez y juventud.
Amanda Rivera, directora ejecutiva del IDJ, detalló que el estudio del Presupuesto de la Niñez 2019 muestra que la inversión en la niñez en Puerto Rico no ha sido la adecuada entre el año fiscal 2014 y el año fiscal 2019. “Tenemos una población de niños y jóvenes que en su mayoría viven en la pobreza, y el alcance de muchos programas es muy limitado. Este análisis también levanta la interrogante sobre la efectividad que han tenido los recursos que sí se han invertido”, expresó Rivera en comunicado de prensa.
Rivera solicitó tiempo para evaluar la propuesta de plan de ahorro que propone el gobierno como parte del nuevo Código de Incentivos previo a emitir una opinión sobre la iniciativa.
Copian iniciativas europeas
El modelo propuesto como parte de la medida de incentivos que se discute en la Cámara y el Senado es una copia de política pública implementada en algunos países europeos, detalló el senador independiente y salubrista, José Vargas Vidot.
El legislador señaló hace varias semanas ante sus compañeros senadores que existía “vagancia política” para atender la pobreza infantil. “Hay que hacer más inversiones en la niñez y no debe considerarse un gasto”, dijo cuando este diario le pidió una opinión sobre la propuesta de ahorro incluida en el nuevo Código de Incentivos.
El senador independiente vio con buenos ojos la propuesta de la administración Rosselló de invertir en la niñez a largo plazo, aunque señaló que esto no debe sustituir el que se asigne presupuesto para esa población.
“Es una necesidad del Estado que anticipe problemáticas que pueden darse al futuro, como la pérdida de los padres”, expresó Vargas Vidot.
El propuesto Código de Incentivos convertiría a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) en una especie de banco que manejará cuentas que tendrán una aportación inicial de $1,000 para cada estudiante de grado kínder, dinero -junto con los intereses ganados- al que tendrán acceso una vez graduados de escuela superior.
