En Puerto Rico, el 58% de los niños viven bajo el nivel de pobreza.
Carolina. Una de las mayores violencias desatendidas que sufre la niñez del país es la pobreza, la que se suma a la física, emocional, sexual, así como a la negligencia.
Según se deprendió del tercer foro anual presentado por la Red de Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico (REDENIJ-PR) titulado “Prevención y Atención del maltrato a menores en Puerto Rico” y realizado hoy en la Universidad Ana G. Méndez, el 58% de los niños viven bajo el nivel de pobreza. Sin embargo, Marcos Santana Andujar, presidente de REDENIJ-PR asegura que puede ser un estimado pues uno de los mayores escollos para obtener números reales es la falta de reproducción y acceso a datos por parte de las agencias del gobierno.
“Parte del gran problema que tenemos para abordar el maltrato infantil, justamente, es que no tenemos datos actualizados. Las agencias llamadas a reproducir los datos no lo hacen con celeridad. Por ejemplo la publicación del 58% de los niños que viven bajo el nivel de pobreza es el índice de bienestar publicado en el 2018 por el Instituto del Desarrollo a la Juventud”, sostuvo.
A la alarmante cifra se añaden unas 316 adolescentes embarazadas viviendo en la calle, 800 casos de abusos sexuales anuales señalados recientemente por el Departamento de Salud y la custodia de cerca de 3,500 menores por parte del Departamento de la Familia. De igual manera, 4,736 niños y niñas, según datos del Departamento de Educación Federal, están desprovisto de un hogar fijo.
En tanto, las tasas más altas de violencia se observan en el sureste de la Isla, específicamente en la Isla Municipio, Vieques, indicó en su ponencia el doctor Orville Disdier Flores, director ejecutivo interino del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Sin embargo, este Perfil del Maltrato de Menores en Puerto Rico pertenece al año fiscal federal 2012-2013, el más reciente publicado. Los menores de 1 año son los más vulnerables a la violencia y la mayoría de los casos son perpetrados por adultos entre los 25 y 34 años, seguidos por los de 35 y 44 años. No obstante, a juzgar por los números presentados por el Instituto, “las tasas de maltrato se están reduciendo en Puerto Rico” de un 11% en el 2013 a un 8.7% pero este último dato corresponde a 2017. A nivel de jurisdicciones de Estados Unidos, Puerto Rico ocupa la posición 28 en la tasa de maltrato a menores con un 8.7%, por ciento cercano al promedio en Estados Unidos que es de 9.1 por cada 1,000 menores . El primer lugar lo ocupa Kentucky con 22.2% y la más baja la ocupa Pennsylvania en la última posición con 1.7%.
Para Santana Andujar las cifras deben detenerse desde la prevención y la transformación del sistema del Departamento de la Familia a la que la agencia tendrá que acogerse con la aprobación de la ley federal Family First Prevention Act Services Act (FEPSA).
“La realidad es que el Departamento de la Familia el año pasado reportó sobre 10,000 referidos de maltrato y actualmente mantiene sobre su custodia en el sistema de protección de menores cerca de 3,500 menores, lo que nos da un panorama de gravedad y a raíz de la aprobación de la ley federal Family First Prevention Act Services Act (FEPSA), que es la nueva ley que va a regular los sistemas de prevención el Departamento tienen que transformarse”, sostuvo Santana Andujar.
“Hemos planteado aquí, desde la REDENIJ que el problema se tiene que atender mirándolo como lo que es, un problema de salud. Que esos niños van creciendo en un sistema que es más violento que el mismo entorno familiar, así que nuevamente la priorización en recursos de prevención del Estado tiene ser número uno”, recalcó.
El presidente de la Red exigió, además, al gobierno que, de igual manera, elabore una política de pobreza infantil con urgencia, que se hagan mayores inversiones en los proyectos sociales como son las organizaciones sin fines de lucro y se establezcan mayores recursos en el Departamento de la Familia.
Invertir el presupuesto en prevención
Reveló además que en el país se invierten cerca de $70 millones en cuidos sustitutos y aseguró que la mayor falla es el sistema mismo (del Departamento de la Familia).
“Es hora ya de invertir en la prevención y es lo que estamos planteado. Lo ha planteado el Instituto de Estadísticas, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social y nosotros desde la RED, por los derechos de la niñez, insistimos que la prioridad tiene que ser invertir en proyectos de prevención y servicios a la familia mirando el problema de la violencia como un problema de salud pública. Es un grave problema que no hemos atendido adecuadamente como país y que ya no se sostiene más. La falla ha sido que hemos mirado esto como un asunto de poner curitas y el tema de los términos de los cuatrienios no nos permite proyectar a largo plazo un proyecto de prevención responsable”, indicó.
A juicio del defensor de los derechos de los la niñez y juventud, la transformación en el Departamento de la Familia se va a dar “de buena fe o forzada” por que el gobierno federal, a través de la nueva ley, impuso que para octubre de 2019 todos los territorios y estados tienen que presentar su plan (de prevención).
“Nosotros proponemos que esta transformación se dé desde un colectivo en conjunto el Departamento de la Familia, nosotros como RED que agrupa el sistema de bienestar de organizaciones sin fines de lucro, la academia, universidades, desde la diversidad de los sectores. Proponemos el desarrollo de un comité timón que incluya todas las voces y comenzar a repensar este sistema contando con la voz más importante que es la voz de los niños y las niñas que están sumidos en las comunidades pobres del país”, esbozó.
Santana Andujar explicó que la ley Family First Prevention Services Act (FEPSA) reasigna los fondos que se han estado utilizando para cuidos sustitutos y le exige a los estados y sus territorios invertir los recursos en apoyar las familias para no tener que remover los niños. En el caso que de tener que removerlos tienes que ubicarlos en un espacio lo más parecido a un espacio familiar, que es con otra familia. Plantea de igual manera reformular los fondos de título 4 que son los fondos que recibe el Departamento de la Familia para que la mayoría de estos sean asiganados a la prevención en lugar de protección, la mayor parte la ley la esta asignando en prevencion, darle servicios a los niños en la casa en lugar de removerlos.
“Hemos planteado nuestras preocupaciones a la ley porque se plantea también que se fortalezca los hogares de crianza y aquí no hay una ley que regule los hogares de crianza como hay una ley que regula los albergues. Los albergues son regulados por la ley 173 de 2016 y somos visitados y monitoreados por los oficiales de licenciamiento pero lo hogares de crianza les falta esa estructura”, sostuvo quien precisamente nació y creció en un albergue para sobreviviente de violencia.
Durante el foro en el que también participaron las doctoras Mabel López Ortiz, presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico y Cynthia García Coll, investigadora y experta en temas de niñez, se instituyó el premio Manuel Fernández Juncos para reconocer la trayectoria y compromiso con la erradicación de la violencia infantil de las instituciones que albergan a menores sobrevivientes de maltrato en el país. Precisamente la Casa Mnauel Fernández Junco que lleva más de 120 años sirviendo a esta comunidad fue la primera en recibir la distinción.
