La senadora Zoé Laboy Alvarado y varias organizaciones sin fines de lucro exigieron hacerle justicia a las víctimas y sacar de la calle a los agresores.
Cinco organizaciones sin fines de lucro se unieron hoy a la senadora Zoé Laboy para reclamar al gobierno una pronta acción para que se evalúen los miles de rape kits (SAFE Kits), en su inmensa mayoría de mujeres y menores, que están ataponados en el Negociado de Ciencias Forrenses (NCF).
“Cuando comenzamos a investigar en octubre había casi 2,500 SAFE Kits sin examinar, algunos de ellos desde 2004. Tres meses después ya hay casi 2,700. El problema se sigue agravando y no vemos que se tomen medidas concretas y con la premura que se requiere para resolver el asunto”, denunció la senadora novoprogresista en conferencia de prensa en el Senado.
En torno a la resolución que propone redistribuir $3 millones del presupuesto vigente al NCF para lidiar con el estancamiento de rape kits, Laboy dijo que ayer le habló de su propuesta a la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko.
La legisladora indicó que Jaresko le dijo que para que la JSF considere el traspaso de los fondos, una opción es que el gobernador Ricardo Rosselló firme la resolución conjunta y la envíe a la JSF para su autorización o que el Ejecutivo envíe una solicitud para que la Junta lo evalúe.
La resolución conjunta del Senado 335 propone reasignar al NCF, unos $3 millones para examinar los rape kits, provenientes de fondos asignados a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).
«En el ejercicio del cumplimiento de los derechos de las víctimas, es imperativo la realización y la evaluación forense de los SAFE kits. En algunos casos, esta es una evidencia fundamental para identificar a la parte agresora y lograr que se esclarezca el caso en los tribunales. Entendemos que es una necesidad de carácter urgente el delegar fondos para la investigación inmediata de los SAFE kits. De esta manera estaremos protegiendo y haciéndole justicia a miles de víctimas y sobrevivientes», expresó por su parte la directora interina del CAVIC, Stephanie Figueroa.
Mientras, la directora ejecutiva de Coordinadora Paz para la Mujer, Vilma González Castro, alertó que los SAFE kits sin analizar representan 2,700 agresores que podrían haber cometido delitos sexuales contra otras personas, pero cuyos crímenes siguen impunes.
González Castro mencionó que, de acuerdo con estimados del Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, solo se reporta el 2% de los casos, un descenso de 14 puntos porcentuales en 10 años. «Esta situación es alarmante y debe ser atendida a la brevedad posible», señaló.
La misma preocupación mostró el presidente de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico, Marcos Santana Andújar, quien destacó que a octubre de 2018 se habían recibido 10,738 referidos de maltrato a menores, de los cuales 232 eran por abuso sexual, de acuerdo a datos del Departamento de la Familia.
«Insistimos en la urgencia de asignar cuanto antes los fondos necesarios para atender este problema. Mientras no se tomen acciones concretas para atender los miles de SAFE kits en espera a ser examinados y medidas para evitar que vuelva a suceder esta lamentable situación en el futuro, se estará enviando un mensaje de impunidad muy peligroso a las personas agresoras, a las sobrevivientes de abuso sexual y a todas las víctimas que aún sufren en silencio», sostuvo Santana Andújar.
Otras de las acciones que presentó Laboy Alvarado fue un acercamiento a la Oficina Federal de Investigación (FBI, en inglés) para realizar un acuerdo de colaboración con representantes del grupo de trabajos de Crímenes Violentos Contra Menores de la agencia para que examine parte de los SAFE kits.
El acuerdo continúa en espera de que la senadora reciba información del Departamento de Seguridad Pública y el Departamento de Justicia para ponerlo en marcha.
