Marcos Santana Andújar pone todo su esfuerzo para evitar situaciones de violencia en los menores.
No tuvo las cosas fáciles en su niñez, por razones obvias. Nació en un albergue para sobrevivientes de violencia de género, y tuvo su infancia allí, junto a sus hermanos y su madre, quien “escapó de su agresor que la mantenía en un estado de temor y violencia”.
Primero fueron a parar a un albergue en San Juan, que para entonces “era el único que había”. Pero su padre biológico los encontró y tuvieron que huir a otra institución en la zona este.
Así transcurrió la niñez de Marcos Santana Andújar, quien quedó tan marcado por esos eventos que, años después, al volver a visitar el albergue, reacomodó su futuro para ponerse a trabajar en favor de las víctimas de violencia doméstica y convertirse en el creador de una organización dedicada a tales fines: la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud (antes conocida como Red de Albergues para Menores de Puerto Rico).
Marcos cuenta que su mamá, como le sucede a casi todas las víctimas de esos ciclos de violencia doméstica, volvió más de una vez con su agresor.
“Regresó cuatro veces y por eso somos cuatro hermanos… hasta que por fin cortó ese ciclo y entendió que había acabado la violencia y decidió que su vida iba a ser diferente, y que sus hijos tenían que tener una vida diferente”, contó en entrevista con Primera Hora.
Crecieron en el albergue, bajo la incansable labor de unas monjas, que describe como “unas hormiguitas que iban de un lado a otro y no paraban de trabajar”.
Años después a la muerte de la fundadora del albergue, la monja cubana Sor María Rosa Portuondo, “que era como nuestra madre”, decidieron regresar al albergue a ver cómo podían ayudar. Muchos “que habíamos vivido allí”, se lanzaron a ayudar a salvar la institución.
“La monja nos decía que siempre, siempre, siempre, hay que devolver lo que uno recibe. Por eso, más que mi trabajo, mi proyecto de vida, es ese deseo ardiente, ese sentido de urgencia que tenemos que hacer algo. Y así llegué al albergue, empezamos a buscar fondos, fueron años muy difíciles”, enfatizó.
Para entonces, y “luego de muchos cambios de escuela”, Marcos ya estaba en primer año de universidad, en el programa de justicia criminal de sicología forense, en la Universidad de Puerto Rico en Carolina, y también se puso a estudiar trabajo social, “porque son las profesiones que nos salvaron de la violencia”.
Ahí surge la idea de conectar los refugios y funda la Red de Servicios para Menores, que reúne a 104 albergues, instituciones y centros de servicios en 32 municipios. De ello se benefician 2,500 niñas y niños.
“Y aun así no damos abasto. Hacen falta más recursos. Y por eso insistimos en que haya legislación que etiquete recursos económicos fijos para estos propósitos en el presupuesto”, afirma Marcos.
Recordó que durante el huracán María los albergues quedaron desamparados, en parte por la ubicación, pues en muchos casos quedan en lugares remotos para proteger a las víctimas, lo que fue un impedimento para llegar a ellos. “Era bien difícil, y el gobierno tenía demasiadas prioridades y no pudo llegar a nosotros. Armamos desde la red un plan para llevar ayuda. Y era terrible, porque los niños, que habían sufrido violencia, que han perdido sus casas, que han perdido su familia, encima tenían que vivir el trauma de perderlo todo otra vez”, relata conmovido.
“Y dijimos ‘esto no puede repetirse’, porque los niños y niñas que han sufrido violencia no podemos añadirle más trauma”.
Este luchador insiste en que, aunque “los albergues son espacios de mucho amor y mucha restauración, la vida en un albergue es dura, con espacios grupales, limitados, dentro de un sistema que no les hace justicia a los niños, que los mueve de un albergue a otro, que los remueven, ordena los devuelvan a la familia. Hay niños que entran al sistema a los tres años y a los 17, no pueden estar ya allí, y hay bien poco recursos para ellos”.
Pero Marcos está convencido de que, más allá del esfuerzo y compromiso de gente como las que colabora en su organización y en otras similares, para ayudar a los menores víctimas de violencia hace falta “un cambio en las políticas públicas”.
Ahí es donde entra la Red, con sus estrategias para reducir la violencia contra los niños: atender los albergues, que son lugares donde se salvan vidas; abogar por los niños y niñas, dándole voces ante los legisladores y la sociedad; capacitar y profesional el personal de los albergues, centros de cuido y hogares de crianza; y establecer alianzas para transformar el sistema actual.
Marcos aspira a que cada día más gente gane conciencia, las comunidades se eduquen y con eso se busque la transformación de las instituciones.
“Cuando tú ves un vecino golpeando a un niño, no es un asunto privado. Hay que convencerse que la violencia es un asunto público, es un problema de derechos humanos, es un problema de salud pública. Las comunidades tienen que mantenerse educadas y tienen que saber que el poder para erradicar esa violencia lo tienen ellas”, insiste Marcos.
“La gente en las comunidades sabe dónde hay un punto de drogas, dónde hay una escuela cerrada. Donde no hay un área recreativa para los niños, una comunidad puede crear el lugar y tomar el control, creando espacios seguros para la niñez. Y no necesita al gobierno para eso”.
Asimismo, Marcos insiste en la necesidad de acabar con los estereotipos, educar en equidad, trabajar en prevención, y buscando ayuda cuando alguien crea que le hace falta o que las cosas se le están saliendo de control.
“Hay que hablar con nuestros hijos, pasar tiempo con ellos. Hay que hablarles del tema del abuso sexual, de la importancia de protegerse, del tema del suicidio (para prevenirlo), hay que establecer relaciones y comunicación positiva con los hijos. Y si sientes que no tienes el manejo, busca ayuda”.
De igual forma, exige que los hacedores de política pública cambien su forma de pensar y se enfoquen en reestructurar las agencias llamadas a proteger y acompañar a los niños.
“Nuestro país no aguanta más. Estamos en nuestro momento más crítico de violencia. No solo por las 23 mujeres que han muerto hasta la fecha, sino porque debe haber muchos casos de violencia más, y el Departamento de la Familia había recibido este año 11,000 referidos de maltrato. Y no se puede seguir apagando fuegos. Hay que reasignar fondos importantes en proyectos de prevención”, asegura.
